Masacre de Pueblo Bello: 22 años esperando reparación
Los familiares de las víctimas de este hecho, ocurrido el 14
de enero de 1990, se reunirán este sábado en Pueblo Bello (Antioquia) para
honrar la memoria de sus seres queridos y pedir que el Estado cumpla con las
medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana.
Aunque era una niña (tenía 12 años) Katy Fuentes recuerda
hoy, 22 años después, muy bien lo que pasó el 14 de enero de 1990. Ese día, su
papá desapareció. Wilson Uberto Fuentes fue uno de los 43 campesinos que fueron
sacados del corregimiento de Pueblo Bello (Turbo, Antioquia) por 'los
Tangueros', un grupo de paramilitares al mando de Fidel Castaño.
"Mi papá había llegado hacía seis meses al pueblo con el propósito de mejorar la economía de la familia. Yo tenía 12 años, mi hermana 17, las dos vivíamos en Montería con mi mamá, mientras mi papá trabajaba en Pueblo Bello", cuenta Katy.
La noche del 14 de enero de 1990 aproximadamente 60 paramilitares del grupo 'los Tangueros', al mando de Fidel Castaño llegaron al corregimiento de Pueblo Bello y por la fuerza llevaron a varios de sus habitantes a la plaza principal. Allí los hicieron acostarse boca abajo. De todos, seleccionaron a 43 campesinos. Se los llevaron amordazados. Nunca más se volvió a saber de ellos.
"En esos días estábamos de vacaciones en el colegio, por eso teníamos planeado ir a visitarlo, pero antes de hacerlo recibimos la noticia. Un tío nos llamó para decirnos que a mi papá se lo habían llevado", dice Katy, quien este sábado se reunirá con otras familias en la plaza principal de Pueblo Bello, para recordar a sus seres queridos.
Los campesinos fueron llevados a una finca en Córdoba. Allí los interrogaron, los torturaron.
"Las acciones de la justicia han sido lentas (...) queremos saber en dónde están, saber qué hicieron con ellos, dónde están sus cuerpos", señala Katy, quien además cuestiona que a la fecha el Estado no haya cumplido con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en el año 2006.
Katy se refiere, entre otros aspectos, a que hasta ahora no se ha dado un tratamiento médico o psicológico así como de seguridad a los familiares de las víctimas, no se ha construido un monumento para recordar los hechos de la masacre y no se ha realizado un pago por daño material e inmaterial a los familiares de los desaparecidos
"Este sábado será la primera vez que nos reunamos para conmemorar el hecho, para recordarlos, para mostrar que no los olvidamos y que queremos justicia", señala la mujer.
Según se indica en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "en la mañana del 15 de enero de 1990 varios familiares de las personas secuestradas se dirigieron a la base militar de San Pedro de Urabá con el fin de obtener información sobre el paradero de los desaparecidos. En la base fueron recibidos por el teniente Fabio Enrique Rincón Pulido, quien les indicó que los camiones que transportaban a las personas retenidas en Pueblo Bello no habían pasado por el retén militar y mencionó que los pobladores de Pueblo Bello 'cambiaron gente por ganado'".
Teniendo en cuenta los testimonios aportados por los familiares ante la Corte Interamericana, Rincón se refería a un ganado de Fidel Castaño, que había sido robado por la guerrilla en diciembre de 1989. Según cuentan los familiares, Castaño habría dicho que por cada cabeza de ganado robado se llevaría a una persona. Y se llevó a 43.
El cinco de mayo de 1997, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL- denunciaron los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Casi diez años después, el 31 de enero del 2006, laCorte Interamericana sentenció que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de las personas desaparecidas; y el derecho a la integridad personal, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los familiares de las víctimas. Así mismo, la Corte ordenó al Estado reparar a los familiares de las víctimas.
Durante la jornada de este sábado las familias de los desaparecidos llevarán retratos de ellos con una descripción de lo que más les gustaba hacer. Les rendirán honores recordando cómo eran. La familia de Wilson Uberto Fuentes contará, por ejemplo, que era un aficionado al fútbol, que tenía 43 años, que le gustaba la agricultura y la ganadería, que era un hombre que disfrutaba más que nada estar al lado de su esposa y de sus dos hijas.
En marzo del 2009, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, realizó un acto público en el que pidió perdón a los familiares de las víctimas en nombre del Estado colombiano y reiteró el compromiso del Gobierno de proteger a todos los colombianos y evitar que se presenten "errores como los que en 1990 permitieron que ocurriera la masacre de Pueblo Bello, en la que perdieron la vida 43 pobladores a manos de paramilitares".
Pero no fue suficiente. "Necesitamos que no los olviden. Lo que pasó hace 22 años fue una de los episodios más trágicos que ha vivido el país", advierte Katy.
"Mi papá había llegado hacía seis meses al pueblo con el propósito de mejorar la economía de la familia. Yo tenía 12 años, mi hermana 17, las dos vivíamos en Montería con mi mamá, mientras mi papá trabajaba en Pueblo Bello", cuenta Katy.
La noche del 14 de enero de 1990 aproximadamente 60 paramilitares del grupo 'los Tangueros', al mando de Fidel Castaño llegaron al corregimiento de Pueblo Bello y por la fuerza llevaron a varios de sus habitantes a la plaza principal. Allí los hicieron acostarse boca abajo. De todos, seleccionaron a 43 campesinos. Se los llevaron amordazados. Nunca más se volvió a saber de ellos.
"En esos días estábamos de vacaciones en el colegio, por eso teníamos planeado ir a visitarlo, pero antes de hacerlo recibimos la noticia. Un tío nos llamó para decirnos que a mi papá se lo habían llevado", dice Katy, quien este sábado se reunirá con otras familias en la plaza principal de Pueblo Bello, para recordar a sus seres queridos.
Los campesinos fueron llevados a una finca en Córdoba. Allí los interrogaron, los torturaron.
"Las acciones de la justicia han sido lentas (...) queremos saber en dónde están, saber qué hicieron con ellos, dónde están sus cuerpos", señala Katy, quien además cuestiona que a la fecha el Estado no haya cumplido con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en el año 2006.
Katy se refiere, entre otros aspectos, a que hasta ahora no se ha dado un tratamiento médico o psicológico así como de seguridad a los familiares de las víctimas, no se ha construido un monumento para recordar los hechos de la masacre y no se ha realizado un pago por daño material e inmaterial a los familiares de los desaparecidos
"Este sábado será la primera vez que nos reunamos para conmemorar el hecho, para recordarlos, para mostrar que no los olvidamos y que queremos justicia", señala la mujer.
Según se indica en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "en la mañana del 15 de enero de 1990 varios familiares de las personas secuestradas se dirigieron a la base militar de San Pedro de Urabá con el fin de obtener información sobre el paradero de los desaparecidos. En la base fueron recibidos por el teniente Fabio Enrique Rincón Pulido, quien les indicó que los camiones que transportaban a las personas retenidas en Pueblo Bello no habían pasado por el retén militar y mencionó que los pobladores de Pueblo Bello 'cambiaron gente por ganado'".
Teniendo en cuenta los testimonios aportados por los familiares ante la Corte Interamericana, Rincón se refería a un ganado de Fidel Castaño, que había sido robado por la guerrilla en diciembre de 1989. Según cuentan los familiares, Castaño habría dicho que por cada cabeza de ganado robado se llevaría a una persona. Y se llevó a 43.
El cinco de mayo de 1997, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL- denunciaron los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Casi diez años después, el 31 de enero del 2006, laCorte Interamericana sentenció que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de las personas desaparecidas; y el derecho a la integridad personal, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los familiares de las víctimas. Así mismo, la Corte ordenó al Estado reparar a los familiares de las víctimas.
Durante la jornada de este sábado las familias de los desaparecidos llevarán retratos de ellos con una descripción de lo que más les gustaba hacer. Les rendirán honores recordando cómo eran. La familia de Wilson Uberto Fuentes contará, por ejemplo, que era un aficionado al fútbol, que tenía 43 años, que le gustaba la agricultura y la ganadería, que era un hombre que disfrutaba más que nada estar al lado de su esposa y de sus dos hijas.
En marzo del 2009, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, realizó un acto público en el que pidió perdón a los familiares de las víctimas en nombre del Estado colombiano y reiteró el compromiso del Gobierno de proteger a todos los colombianos y evitar que se presenten "errores como los que en 1990 permitieron que ocurriera la masacre de Pueblo Bello, en la que perdieron la vida 43 pobladores a manos de paramilitares".
Pero no fue suficiente. "Necesitamos que no los olviden. Lo que pasó hace 22 años fue una de los episodios más trágicos que ha vivido el país", advierte Katy.
JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA PUERTO BELLO
24 de septiembre. La unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas inicio en Antioquia, la intervención
denominada Reparaciones Focalizadas Territorialmente, la cual contempla la
atención y reparación integral a las víctimas, mediante la implementación de la
ruta de retornos, reparación individual, restitución de tierras y reparación
colectiva.
Mediante un acuerdo firmado en el corregimiento de
Pueblo Bello, municipio de Turbo, entre la Gobernación de Antioquia y la Unidad
de Atención Y Reparación integral a las víctimas, se dio inicio a esta
estrategia territorial conformada por el acompañamiento de gestores
comunitarios, ubicación de diferentes puntos de atención, jornadas de atención
masiva a las víctimas y unidades móviles de atención y reparación.
Explicó la directora de la unidad para las víctimas, Paula Gaviria.
Inicialmente, mediante el programa de reparaciones
focalizadas se atenderán a las poblaciones de San Carlos, San Francisco,
corregimiento de Puerto López, Pueblo Bello y Granada.
Aseguro, Paula Gaviria que se la unidad a su cargo, hará un
acompañamiento a la formulación de los planes de acción territorial, al igual
que el acompañamiento a las víctimas en la reconstrucción del tejido
social, la recuperación de la memoria histórica, fortalecimiento colectivo y la
reconstrucción de la ciudadanía de derechos.
Estrategia es con las víctimas, para las víctimas y por las víctimas.
Antioquia cuenta con el 100% de los Comités de Justicia
Transicional, es decir 125 municipios ya tienen comités funcionando, y
han decidido poner en el centro de la política a las víctimas, articulando su
oferta, con metas y planes para avanzar en el cumplimiento de los
derechos de las víctimas, garantizando que reciban una reparación integral y de
esta manera, aunar esfuerzos para que la reconciliación sea una posibilidad
real, aseguro Gaviria.
Concluyo, la directora de la Unidad, que a finales de
octubre se debe tener el plan departamental de acción para las víctimas, con el
fin de poder concurrir a apoyar los municipios que requieran el acompañamiento
del gobierno nacional.
En Antioquia se registran 1.105.472 víctimas del conflicto
armado.
•
Se inicia las Reparaciones Focalizadas Territorialmente.
•
125 municipios de Antioquia cuentan con los Comités de Justicia Transicional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario